A la caza de Montesquieu

En estos días que vivimos donde salen a la luz las andanzas de monteros, batidores, ojeadores, loberos y tramperos de mayor o menor fortuna se da la misma circunstancia que viene repitiéndose una y otra vez de manera recurrente, esto es el hecho que los árboles impiden con su follaje que apercibamos la densidad del bosque en un caso para el que resulta tan apropiado este símil.
Mucho se habla y se discute sobre la idoneidad o no de una cacería a la que concurrieron el ministro de Justicia Fernández Bermejo y el juez Baltasar Garzón que en otras circunstancias no se antojarían tan sospechosamente turbias, dado que -y siempre casualmente- la cita se produjo el mismo fin de semana en que Garzón instruía una causa abierta contra la corrupción que salpica única y exclusivamente a instancias relacionadas directa o indirectamente con el Partido Popular. A pesar del afán del ministro, del Gobierno y de los medios afines al mismo por desmentir tal extremo y, una vez confirmado, restarle relevancia, lo cierto es que aparece un tercero en discordia, el Comisario Judicial encargado de la causa que comparte mesa y mantel la noche de aquel sabado con Bermejo y Garzón en la finca de Quintos de Mora, para naturalmente echar dos risas, contar batallitas y degustar los placeres culinarios toledanos. Este argumentario era todavía defendido ayer por periodistas varios en diferentes tertulias que jalonan nuestra parrilla televisiva, naturalmente vinculados a los dos grandes emporios mediáticos pro-gubernamentales.

Se ha censurado la arrogancia del ministro y la avidez manifiesta de poder de "el Juez" por antonomasia, a la vez que se cuestiona la práctica de una actividad como la caza dado su elevado coste por un miembro del Gobierno, considerando que posteriormente se ha destapado que el importe de tal divertimento supera con creces los mil euros de media que afirmó Bermejo en rueda de prensa a los periodistas.
Todo ello sin desmercer absolutamente ninguna opinión, constituyen a mi modo de ver cuestiones menores que impiden centrar al espectador en el verdadero asunto que subyace y es realmente escandaloso; esto es la connivencia del poder Judicial con el poder Ejecutivo, y la subordinación de uno a otro de manera torticera y vergonzosa, con lo que se hace imposible diferenciarlos.

Este extremo no es nuevo sinó bastante previsible dadas las personas que intervienen en el asunto poseen capacidades más que sobradas para llevar a cabo sus intereses en pro de aquello que de verdad les une además de la caza, esto es su animadversión y odio enfermizo hacia el Partido Popular.
Las pretensiones de Garzón ya las conocimos hace una década al caer en brazos de un necesitado Felipe González con el que dar lustre a una candidatura salpicada por los casos de corrupción y manchada por la sangre de los GAL. En esta tesitura de regeneración se puso el mono de trabajo y afirmó que "era preciso impedir la llegada de la derecha al poder, la misma derecha que había gobernado cuarenta años España"; una vez más la cansina equiparación que a modo de soniquete la secta repite incansablemente cuando ve peligrar su status de poder.
Una idea que también comparte el ministro Bermejo y con la que hace ahora un año levantaba la voz en un mitín de Murcia lanzando la soflama de "luchamos contra los abuelos y ahora tendremos que luchar contra los nietos". Toda una declaración de intenciones que pone en tela de juicio la supuesta imparcialidad de los poderes que en teoría se encontraba estipulada en la Constitución, pero a la que estos dos matarifes de la inteligencia han puesto precio apuntando directamente al entrecejo de Montesquieu.

Agua, socialismo y demagogia

Desde tiempo inmemorial las diferentes clasificaciones realizadas a lo largo y ancho de nuestra geografía han dejado meridianamente definidas las regiones en función de los niveles de pluviosidad, catalogándolas como la "España seca" y la "España húmeda".

En función de ese reparto según la situación y el clima existen zonas excedentarias en recursos hídricos frente a otras que adolecen de episodios de sequías de carácter periódico y más o menos prolongados. En esta última tesitura se hallan las provincias del levante y sureste peninsular desde Castellón hasta Almería, pasando por Valencia, Albacete, Alicante y Murcia, todas ellas con cuencas hídricas deficitarias ante la irregular y escasa presencia de precipitaciones. Esta situación no ha pasado inadvertida nunca a los diferentes gobiernos y regímenes que han dirigido España con mayor o menor diligencia y acierto. Una de las soluciones arbitradas en épocas pretéritas ya hacía alusión a los trasvases entre ríos, y lejos de erigirse en alternativa viable en tiempos del franquismo, lo cierto es que las hemerotecas recogen los primeros proyectos en tiempos de la II República; alusivos a trasvases desde el Guadiana, el Tajo, e incluso, el Ebro. Concretamente es preciso que en estos tiempos que corren de memoria histórica hagamos mención a las palabras que el 26 de febrero de 1933 pronunció en el Teatro Monumental de Alicante ante representantes de agricultores del levante y sureste el entonces ministro de Obras Públicas, Indalecio Prieto:

"Si un día somos dueños de las aguas españolas, que caen en cantidad suficiente, aunque desigualmente repartidas, y las podemos distribuir según esa conveniencia, habremos realizado el acto más firme de soberanía. La fina y melancólica espiritualidad del norte, templada en las austeridades castellanas, podrá llegar a fructificar aquí en Levante por la conjunción de aquellas aguas y este sol, y entonces sí que serían los vuestros unos profuctos nacionales capaces de llevar al último rincón del mundo, desde América hasta el Extremo Oriente, una encarnación del alma española"

Mucho ha cambiado nuestro país y por supuesto el partido en el Gobierno, para motivar que una de las primeras decisiones del ejecutivo socialista fuera derogar el Plan Hidrológico Nacional y uno de los proyectos que había conseguido poner deacuerdo a todos los presidentes autonómicos, el trasvase del Ebro. No contento con ello, el PSOE dio un paso más hacia la negación sistemática del agua al Levante y Sureste con la drástica reducción del caudal que llegaba a Alicante y Murcia desde el río Tajo.
En el verano de 2005 tras mantener dos meses paralizadas las obras que iban a permitir el trasvase desde el río Júcar al Vinalopó, para socorrer el riego de las huertas alicantinas azotadas por una endémica sequía, decidió cambiar el proyecto inicial desde Cortes de Pallás cuando ya se encontraban avanzadas las obras en un 48%. La UE había aprobado la financiación de aquel proyecto, el gobierno de Aznar se comprometió a financiar otra parte y por último el Consell de Francisco Camps asumió el coste restante. Sin importar ninguno de estos compromisos, Zapatero suprimió el proyecto, negó las ayudas prometidas por el anterior ejecutivo y rechazó la subvención de la UE.
El nuevo proyecto aprobado por el gabinete de la ex-ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona superaba en 100 millones de euros el coste del anterior proyecto y partía sin ningún tipo de subvención de la UE. A día de hoy la canalización sigue sin estar acabada cuando estan a punto de cumplirse cuatro años de aquello, mientras los agricultores ven desaparecer sus cultivos bajo el implacable sol y asisten impotentes a la transformación de sus fincas, huertas y campos en terrenos yermos y estériles.
Mientras esto sucedía en la Comunidad Valenciana y Murcia, Cataluña impulsaba en secreto un trasvase desde el curso del Ebro en Tarragona hasta la misma ciudad condal, amparados en una situación de emergencia ante la falta de lluvias. Casualmente las obras pretendían iniciar el punto de toma de las aguas en el mismo lugar que planteaba el PHN de la época de José María Aznar, con canalizaciones por todas las zonas deficitarias catalanas llegando hasta el mismo límite con Castellón donde cortarían el trasvase. La sequía de Barcelona fue atajada de raíz con todos los medios al alcance, llegando incluso a desplazar barcos cargados de agua desde el puerto de Almería que aplacaran la sed de nuestros vecinos del norte.
En las últimas semanas hemos asistido al enésimo desafío que desde el socialismo se nos plantea a los valencianos, la posible derogación del trasvase Tajo-Segura recogida en el articulado del estatuto de Castilla-La Mancha. Ante esta nueva tomadura de pelo las asociaciones de agricultores se han movilizado para impedir este despropósito amparado y consentido por el ejecutivo socialista dado que cuenta con el apoyo explícito de la vicepresidenta del gobierno, doña María Teresa Fernández de la Vega. Un hecho que reviste mayor gravedad en tanto en cuanto que la mencionada señora resultó electa diputada como cabeza de lista de la circunscripción de Valencia.
Si todo este cúmulo de fatalidades para el campo levantino parecieran pocas, hoy la santa paciencia de miles de familias que dependen de la tierra y de un bien tan necesario como el agua para subsistir, se ve desbordada al enterarse del macroproyecto que prepara el ejecutivo socialista aragonés de Marcelino Iglesias. Y es que el Gobierno de Aragón ultima en estos momentos la elaboración de una ley de centros de ocio de alta capacidad para dar cobertura al proyecto bautizado como Gran Scala, que prevé una recalificación masiva superior a las 2.300 hectáreas de suelo rústico en pleno desierto de Los Monegros, en la provincia de Huesca. La intención del Ejecutivo socialista es que el texto legal llegue al Parlamento regional a finales de este mes o a principios de marzo y, de esa forma, satisfacer los deseos de sus promotores privados. A pesar del actual contexto de crisis económica, la nueva normativa, anunciada esta misma semana por el vicepresidente del Ejecutivo aragonés, José Ángel Biel, permitirá la construcción de 32 casinos, setenta hoteles, quinientos comercios, cerca de trescientos restaurantes y un número indeterminado de parques temáticos, impulsados por la empresa International Leissure Development (ILD), de capital extranjero. Dicho proyecto cuenta con la óptima situación de los embalses del Ebro que el PSOE de Aragón pretende aprovechar para impulsar el mayor desarrollo urbanístico conocido en la historia de España, que deja en anécdota promociones como la de Antonio Hernando «El Pocero» en el municipio de Seseña. De hecho, el líquido elemento resultará clave para levantar una macrociudad del ocio -similar al estilo de Las Vegas- donde en la actualidad sólo existe un erial.

Así frente a la sistemática negación de la realidad que desde el socialismo se pretende trasladar a la sociedad, se nos niega el agua arguyendo criterios de sostenibilidad que quedan enormemente cuestionados a la luz de los proyectos que preparan para las áridas tierras oscenses.
Así si tenemos en cuenta y de acuerdo con el último boletín publicado por el Ministerio de Medio Ambiente -correspondiente a la semana del 3 al 10 de febrero- los embalses de la cuenca del Ebro almacenan en estos momentos 5.466 hectómetros cúbicos, lo que supone un 73,8 por ciento de su capacidad. En un año, han ganado más de 2.000 hectómetros.
Por contra la cuenca del Júcar dispone en la actualidad de 1.090 hectómetros cúbicos -trescientos más que en las mismas fechas de 2008 y apenas un tercio de su capacidad-. En el caso del río Segura la situación todavía es más grave. Sin posibilidad alguna de recibir agua del Ebro y con el trasvase del Tajo puesto en solfa desde las filas socialistas, la cuenca alicantina apenas dispone de 305 hectómetros cúbicos, que apenas representan el 27 por ciento de sus posibilidades.
Así, siempre según los datos que aporta el propio Gobierno central, los embalses del Ebro acumulan en la actualidad el triple de agua que los del Júcar y el Segura juntos.

Pan y circo

El oligopolio mediático ruge en defensa del ejecutivo socialista. Un emporio periodístico convertido en la quintacolumna de un Gobierno que no atina a solventar la grave problemática por la que atraviesa nuestro país, porque sencillamente no reconoce la situación real existente y en esa tesitura se antoja harto dificil solucionar nada, más bien el efecto es el contrario porque se infecta más la herida.

Desde hace semanas El País se ha erigido en azote del Partido Popular, quizá buscando acercar posiciones a sus otrora idolatrados líderes socialistas. Una política de seguidismo que varía en función de las pérdidas o beneficios de PRISA; así si la cosa va mal se permiten alguna licencia de manos de su presentador fetiche Gabilondo, que entona su particular "Yo acuso" para hacer un poco de populismo barato con la boca pequeña para diferenciarse de los "bienhumorandos" de color verde. La estrategia parece clara.

En el medio de Milikito, el populismo lo desterraron de la parrilla hace tiempo dado que prefirieron apuntarse al humor histriónico, chabacano y chufletero fichando al que según algunos es "el mejor humorista de los últimos 30 años". Si Paco Martínez Soria levantara la cabeza y viera en que ha quedado el concepto de comedia...

Y el tercero en liza al que muchos jamás imaginaron competir en la carrera por ser el primero en atacar a las siglas populares, proviene del cielo; dicho metafóricamente claro, porque aunque algún que otro medio intentará sin éxito proponer a D. Federico para su elevación a los altares, lo cierto es que él mismo ya lleva situado desde hace mucho a pesar de su corta estatura por encima del resto de los mortales, del bien y del mal, e incluso de la propia doctrina de la Conferencia Episcopal.

La cabeza de Rajoy se descubre como el oscuro objeto de deseo de estos tres imperios de la comunicación, y al estilo GH del "sólo puede quedar uno" utilizan todas sus armas para lograr el fin común. Nunca antes habíamos vivido una situación en que la totalidad de los medios braman contra el líder de la oposición al que culpabilizan de todos y cada uno de los males. Unos acusándolo de corrupto y convertirlo en la "contra" de cualquier decisión del Gobierno; los otros echándole en cara su inmovilismo frente al PSOE.
El hecho de que tanto unos como otros escupan pestes a diario refuerza a mi modo de ver a Rajoy porque lo legitiman de cara al elector moderado. Esa polarización de unos medios escorados a la izquierda más profunda y otros a la derecha más rancia, me reafirman en el convencimiento que el partido en el que milito no debe estar haciendo las cosas tan mal cuando ambos imperios de posiciones irreconciliables han sido capaces de ponerse deacuerdo para defenestrar a Mariano Rajoy.

Quizá no exista un motivo único pero si algo que es primordial como la independencia e individualización de unas siglas que no se casan con nadie y son capaces de defender su programa sin contrapartidas a terceros. A eso se llama libertad de decisión y movimiento, sin plegarse a las hipotecas, ni a los chantajes mediocres, que en los tiempos en que vivimos permiten al principal partido de la oposición preocuparse de los problemas que acucian a la sociedad española de una manera responsable y honesta, dejando al márgen la política del entretenimiento y la distracción de la atención que tanto juego le saca la progresía patria y los medios que le dan pávulo y carnaza diaria.

El oro de Moscú, reloaded

Con éste término se designó a la operación de traslado de las 510 toneladas de oro, correspondientes al 72,6% de las reservas de oro del Banco de España, desde su depósito en Madrid hacia la URSS, a los pocos meses del inicio la Guerra Civil Española. Unos millonarios fondos de los que nunca más se supo y sobre los que nadie se ha preocupado jamás de investigar para determinar su paradero y uso posterior.

En estos años de reivindicación de la Memoria Histórica estaría muy bien que se revisara este episodio de la historia, aunque dado que este "prestamo" fue realizado por las autoridades republicanas, no será objeto prioritario de estudio a pesar de significar el mayor atraco en la historia a las arcas públicas españolas.
Pese a que el revisionismo únicamente afecta a una parte, esto es al bando republicano, las cifras de gasto de la mencionada ley están alcanzando unos valores verdaderamente astronómicos. Aunque no vio la luz hasta finales de 2007, el Ejecutivo lleva desde el año 2006 concediendo subvenciones a diversas entidades para lo que llama "actividades relacionadas con las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo". Coincidiendo con la creación, por aquel entonces, de la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de la víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. En 3 años, el ejecutivo de Zapatero lleva gastados 10,2 millones de euros en financiar con el dinero de los españoles 304 de estos proyectos. Nada menos que 1.707 millones de las antiguas pesetas. Actuaciones que van desde la construcción de monumentos a la exhumación de fosas en toda España, pasando por la elaboración de documentales y exposiciones, la colocación de placas conmemorativas, la creación de censos de republicanos exiliados, la organización de jornadas y seminarios, los homenajes a combatientes del bando republicano, los viajes a Mauthausen con estudiantes...

Unas subvenciones concedidas a todo tipo de asociaciones y fundaciones eso sí de uno de los dos bandos: las de la recuperación de la Memoria Histórica en toda España, la de Ex Presos y Represaliados Políticos, la Manuel Azaña, la Domingo Malagón, la Pere Ardiaca, la Francisco Largo Caballero, la de Descendientes del Exilio Español, las de Memoria y Justicia, la 27 de Mayo, la Luis Bello...

Se da la circunstancia además de que esos 10,2 millones de euros han supuesto un amplio sobrecoste a las arcas públicas, puesto que no era la cantidad prevista inicialmente, sino cuatro millones más. En teoría, el Gobierno tenía presupuestado gastarse 6,5 millones de euros en estas subvenciones entre los tres años: dos millones en 2006; 1,2 en 2007; y 3,3 en 2008. Y es que la política errática en las previsiones se ha convertido en una constante del ejecutivo socialista; es lo que tiene hacer sudokus cuando se gestiona el dinero público. Una sobrecarga a las cuentas del Estado que en los tiempos de crisis que corren suponen una losa añadida a los maltrechos bolsillos de los ciudadanos españoles.

El ejecutivo socialista se descubre desbordado por el paro y la desastrosa situación de nuestra economía, reconociendo que su capacidad de maniobra se ha agotado; pero los hechos demuestran que ese márgen resulta más amplio de lo que parece para financiar y/o subvencionar actividades relacionadas con la Memoria Histórica. Así el Ministerio de la Presidencia abrió a finales del pasado año el plazo para solicitar este tipo de ayudas para el presente ejercicio de 2009; con lo que el presupuesto del que parte es el más alto desde que se crearon estas subvenciones: 3,87 millones de euros. Y, considerando que de cada diez previsiones aciertan una, es probable que en esta ocasión ocurra lo mismo.
De manera que mientras hoy se conoce que se ha triplicado el número de pequeñas y medianas empresas que han declarado la suspensión de pagos porque se hallan en quiebra técnica, entretanto conocemos que casi un millón de familias tienen a todos sus miembros en paro y otro millón más ha dejado de percibir el subsidio de paro, para cuando acabe este año los contribuyentes habremos pagado de nuestro bolsillo más de 14,1 millones de euros (2.351 millones de pesetas) pensionando a todos aquellos adscritos a la ley de Memoria histórica, que oficialmente rinde homenaje a unas víctimas que incluso después de muertos reportan al PSOE de forma oficiosa unos réditos electorales que son los que en realidad mantienen viva la llama del recuerdo.

Como me la maravillaría yo...

Con semejante soniquete que en su día hiciera famoso la inmortal Lola Flores, debe haberse despertado hoy la secretaria general del Empleo, Maravillas Rojo, que a la vista de los datos de paro no se le ha ocurrido otro feliz argumento con que justificar la catastrófica situación que éste: "Seguimos bajo la influencia de la grave crisis financiera internacional, la falta de liquidez y la caída del consumo. Estos factores están ocasionando el estancamiento de la actividad económica y el aumento del desempleo".

Unas afirmaciones que atestiguan la incapacidad del gobierno socialista de hacer frente a la situación, escudándose siempre en agentes externos para evitar asumir su responsabilidad.

Lo cierto es que el nuevo año ha comenzado con peores datos de desempleo incluso que los registrados en 2008. El número de parados registrados en las oficinas del Inem aumentó en enero en 198.838 personas, el mayor aumento histórico en un mes. Esto supone que cada día se apuntan 6.300 personas a las listas del paro. Ante semejante despropósito el ministro de Trabajo e Inmigración ya se ha apresurado a afirmar que no cabe más mano de obra extranjera en España y no descarta alcanzar la cifra de cuatro millones de parados a finales de año. ¿A finales de año? No hombre, tal y como marca la tendencia, a esa cifra se llegará mucho antes; podemos estar hablando de una auténtica tragedia laboral que nos haga rebasar esa cifra a mediados del presente año.

Y lo peor de todo está por llegar porque el ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero ha optado por aplicar hasta las máximas consecuencias la teoría de Keynes, y pretende incentivar el sector de la construcción a golpe de déficit para las arcas públicas.
El «Plan E» representa la máxima expresión de la política cortoplazista de un gabinete desbordado por una crisis que hace menos de un año no fue capaz de admitir con luz y taquígrafos. Ahora, el equipo socialista pretende desprenderse del problema y endosárselo a las Administraciones regionales y locales, especialmente a las del Partido Popular.

Concretamente en la Comunidad Valenciana, Zapatero pretende erigirse en salvador de unos pocos miles de puestos de trabajo. Sin embargo, las mismas estadísticas que emplean los dirigentes socialistas para cargar contra el Consell reflejan a las claras cuál ha sido el verdadero esfuerzo presupuestario en los últimos cinco años. Repasemos.

Desde que Zapatero accedió a la presidencia del Gobierno en 2004, las licitaciones de obra pública de la Administración Central del Estado han ascendido a 7.738 millones. En el mismo periodo, las Corporaciones Locales (4.121 millones) y la Generalitat (6.057 millones) realizaron un esfuerzo por valor de 10.178. Es decir, 2.440 millones de euros más que los Gobiernos socialistas; en términos porcentuales, las Administraciones municipales y la autonómica licitaron cerca del 57 por ciento de las obras públicas, frente al 43 por ciento que asumió el Gobierno central.

En la lectura de estos datos, ofrecidos por la patronal española de empresas de obra pública Seopan, cabe tener en cuenta que la Generalitat Valenciana se ha visto obligada a conjugar la inversión en obras públicas con el gasto social en materia de educación, bienestar social y, fundamentalmente, sanidad.
De hecho, en el periodo gobernado por Zapatero aumentó de forma exponencial el gasto del Consell, derivado del aumento de la población, mientras que el Gobierno central aumentaba sus ingresos.

En todo caso, la estrategia socialista clara pasa por «vender» a diario los «logros» del Gobierno, al tiempo que se pone en duda la veracidad de las nuevas medidas del Consell. Y lo hace con la connivencia de UGT y CC.OO. capaces de organizar una huelga para exigirle a Camps soluciones para la crisis, cuando el ejecutivo valenciano es el que desde el principio ha mantenido una actitud de firmeza contra ella; con hechos e inversiones como revelan las cifras, no con meras promesas fracasadas que después se tornan en cínicos objetivos. Paradigmático resultó ver a los sindicatos y al secretario general del PSPV, Jorge Alarte como compañeros de viaje en la referida manifa contra el colapso económico, y principalmente contra Francisco Camps.

Las comparaciones dicen que son odiosas pero en un momento tan delicado como el que vivimos resulta imprescindible contrastar las gestiones de los principales partidos. Así mientras aquí en la Comunidad Valenciana las diferentes consellerías populares con su presidente al frente, se afanan por aprobar medidas contra la crisis que alivien las frágiles economías de miles de ciudadanos, la prensa desvela cuales son las preocupaciones del partido del puño y la rosa; donde por ejemplo en Galicia, Touriño despilfarra cuatro millones de euros en remodelar despachos -incluído el suyo-, y una sala de prensa en la Xunta. Mobiliario de diseño y lujo asiático para que el presidente y sus conselleiros se sientan como en casa. Eso sí, con órdenes estrictas de silenciar este pequeño desbarajuste presupuestario de las reformas, hasta tal punto que incluso un policía custodia la entrada a dichas salas, impidiéndose cualquier acceso de personal no autorizado. Y es que la apertura de estas habitaciones se ha retrasado intencionalmente, ya que de trascender públicamente el abultadísimo coste de las obras podría afectar al desarrollo de las elecciones autonómicas del 1-M, toda vez que vendría a devolver al primer plano informativo el uso que Touriño y su gobierno hacen del dinero público.

Un ejemplo de gestión transparente y nítida, típicamente socialista.