Hoy, mientras millones de españoles se afanan por escatimar gastos, rentabilizar al máximo sus ingresos y encomendarse al patrón local para llegar a fin de mes, nuestro gobierno, el que nos representa a todos por expreso deseo de las urnas, parece vivir ajeno a la realidad del país al que dirige. Y es que analizando los Presupuestos Generales del Estado para los próximos 365 días, y a la vista de las dotaciones de capital, cantidades y fondos destinados a los distintos departamentos, nadie diría que están concebidos para un estado en crisis. Más bien parecen sacados del país de las maravillas en que habita Magdalena Álvarez, que de todo un ministro bragado en las lides económicas como es Pedro Solbes.
¿Como se puede entender que se mantengan o incluso aumenten los gastos de Moncloa y de la Casa Real? ¿Es comprensible una previsión del 12,5% de tasa de paro, cuando hemos experimentado en tan sólo 5 meses un incremento del 3,5% escalando hasta el 11,4%, y todos los analistas, expertos y organismos internacionales advierten de un incremento hasta el 15% para 2009?
Al márgen de la cuestión económica y de todos esos disparates que permanecen y se agudizan en el ejecutivo socialista a modo de causa-consecuencia, hay una cuestión que está de plena actualidad en la presente semana: La memoria histórica.
Esas dos palabras con una fuerte carga emocional, que aspiran a convertirse en la enésima cortina de humo de un gobierno que anda a la desesperada buscando un oscuro a la par que cálido lugar para ocultar sus vergüenzas.
Una cuestión que el ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero y toda el ala más escorada a la izquierda del Parlamento están rentabilizando más allá de la mera compensación a las víctimas, dado que la han convertido en una afilada arma arrojadiza que va directa al entrecejo de los diputados populares; y que por ende nos insulta a los más de diez millones de votantes que elegimos esa opción política en las últimas elecciones generales.
"Una ley para cerrar las heridas y propiciar la reconciliación nacional". Así reza el articulado de la Ley de memoria histórica que pervierte su sentido desde el mismo momento de ponerla en práctica, cuando sus ideólogos la utilizan para cargar contra el adversario político.
Y es que todavía a día de hoy se sigue cargando la responsabilidad de un alzamiento militar ocurrido hace más de setenta años a los representates de la que según las últimas elecciones generales es la segunda fuerza política de la nación, el Partido Popular. Todavía hoy prevalecen los encendidos discursos que buscan culpar a sus dirigentes, votantes y militantes de lo acaecido 7 décadas atrás. Todas y cada una de las personas que comparten un ideario próximo al liberalismo democristiano deben disculparse por unos hechos que nos atribuyen como representantes del centro-derecha español. Y yo me preguntó, ¿por qué?
¿Tengo que responsabilizarme yo que nací 5 décadas después, de unos dramáticos hechos que ocurrieron en un tiempo pretérito?
La respuesta es clara y concisa, NO. Nadie hoy día tiene responsabilidad penal ni moral del enfrentamiento fratricida de 1936. Los bandos que tomaron partido en la guerra enterraron a sus dirigentes hace muchas décadas y no tiene sentido persistir e incidir en el mismo asunto de manera recurrente.
Rectifico. Si tiene sentido para algunos; para todos aquellos que desde su posición política pretenden extraer rédito electoral al asunto y aprovechar el panorama para desviar la atención y conducir a la población a través del oligopolio mediático en una dirección, de manera que a modo de distracción el pueblo permanezca impasible y muchas veces ingenuo a otros temas que de verdad le afectan e inciden en su día a día.
Como militante y votante del PP soy partidario de la justicia para con todos aquellos que padecieron en sus carnes crímines, torturas y todas las penurias derivadas de la falta de libertad. Pero pienso que no se pueden tener dos raseros de medir ni calibrar el dolor, la muerte y las vidas de las personas. Naturalmente que se deben encontrar, reabrir las fosas y exhumar los cadáveres de los hombres, mujeres o niños que fueron víctimas de la represión franquista; pero considero de justicia y de verdadero acto de conciliación nacional que también se realice la búsqueda de todos aquellos que fueron víctimas de juicios populares, de checas o paseos en la República, así como esos otros hombres que murieron víctimas de una revolución que precedió al alzamiento nacional de 1936 y que muchas veces se oculta interesadamente, pero que como aquel golpe militar de Franco supuso quebrantar la legalidad de la II República. Me refiero a la revolución de 1934 cuyo saldo oficial de fallecidos superaba las diez mil personas, amén de otros tantos desaparecidos y de las que poco se sabe.
Si de verdad interesa cerrar de una vez por todas las heridas de guerra, de enfrentamiento y de sangre de las "dos Españas", hagamoslo. Pero contribuyamos de forma justa y responsable a ello, porque de lo contrario una vez más estaremos enalteciendo a unos y condenando a otros al ostracismo de la memoria. Eso mismo que durante cuarenta años padecimos todos y que ahora algunos pretenden utilizar como venganza hacia otros.