Como me la maravillaría yo...

Con semejante soniquete que en su día hiciera famoso la inmortal Lola Flores, debe haberse despertado hoy la secretaria general del Empleo, Maravillas Rojo, que a la vista de los datos de paro no se le ha ocurrido otro feliz argumento con que justificar la catastrófica situación que éste: "Seguimos bajo la influencia de la grave crisis financiera internacional, la falta de liquidez y la caída del consumo. Estos factores están ocasionando el estancamiento de la actividad económica y el aumento del desempleo".

Unas afirmaciones que atestiguan la incapacidad del gobierno socialista de hacer frente a la situación, escudándose siempre en agentes externos para evitar asumir su responsabilidad.

Lo cierto es que el nuevo año ha comenzado con peores datos de desempleo incluso que los registrados en 2008. El número de parados registrados en las oficinas del Inem aumentó en enero en 198.838 personas, el mayor aumento histórico en un mes. Esto supone que cada día se apuntan 6.300 personas a las listas del paro. Ante semejante despropósito el ministro de Trabajo e Inmigración ya se ha apresurado a afirmar que no cabe más mano de obra extranjera en España y no descarta alcanzar la cifra de cuatro millones de parados a finales de año. ¿A finales de año? No hombre, tal y como marca la tendencia, a esa cifra se llegará mucho antes; podemos estar hablando de una auténtica tragedia laboral que nos haga rebasar esa cifra a mediados del presente año.

Y lo peor de todo está por llegar porque el ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero ha optado por aplicar hasta las máximas consecuencias la teoría de Keynes, y pretende incentivar el sector de la construcción a golpe de déficit para las arcas públicas.
El «Plan E» representa la máxima expresión de la política cortoplazista de un gabinete desbordado por una crisis que hace menos de un año no fue capaz de admitir con luz y taquígrafos. Ahora, el equipo socialista pretende desprenderse del problema y endosárselo a las Administraciones regionales y locales, especialmente a las del Partido Popular.

Concretamente en la Comunidad Valenciana, Zapatero pretende erigirse en salvador de unos pocos miles de puestos de trabajo. Sin embargo, las mismas estadísticas que emplean los dirigentes socialistas para cargar contra el Consell reflejan a las claras cuál ha sido el verdadero esfuerzo presupuestario en los últimos cinco años. Repasemos.

Desde que Zapatero accedió a la presidencia del Gobierno en 2004, las licitaciones de obra pública de la Administración Central del Estado han ascendido a 7.738 millones. En el mismo periodo, las Corporaciones Locales (4.121 millones) y la Generalitat (6.057 millones) realizaron un esfuerzo por valor de 10.178. Es decir, 2.440 millones de euros más que los Gobiernos socialistas; en términos porcentuales, las Administraciones municipales y la autonómica licitaron cerca del 57 por ciento de las obras públicas, frente al 43 por ciento que asumió el Gobierno central.

En la lectura de estos datos, ofrecidos por la patronal española de empresas de obra pública Seopan, cabe tener en cuenta que la Generalitat Valenciana se ha visto obligada a conjugar la inversión en obras públicas con el gasto social en materia de educación, bienestar social y, fundamentalmente, sanidad.
De hecho, en el periodo gobernado por Zapatero aumentó de forma exponencial el gasto del Consell, derivado del aumento de la población, mientras que el Gobierno central aumentaba sus ingresos.

En todo caso, la estrategia socialista clara pasa por «vender» a diario los «logros» del Gobierno, al tiempo que se pone en duda la veracidad de las nuevas medidas del Consell. Y lo hace con la connivencia de UGT y CC.OO. capaces de organizar una huelga para exigirle a Camps soluciones para la crisis, cuando el ejecutivo valenciano es el que desde el principio ha mantenido una actitud de firmeza contra ella; con hechos e inversiones como revelan las cifras, no con meras promesas fracasadas que después se tornan en cínicos objetivos. Paradigmático resultó ver a los sindicatos y al secretario general del PSPV, Jorge Alarte como compañeros de viaje en la referida manifa contra el colapso económico, y principalmente contra Francisco Camps.

Las comparaciones dicen que son odiosas pero en un momento tan delicado como el que vivimos resulta imprescindible contrastar las gestiones de los principales partidos. Así mientras aquí en la Comunidad Valenciana las diferentes consellerías populares con su presidente al frente, se afanan por aprobar medidas contra la crisis que alivien las frágiles economías de miles de ciudadanos, la prensa desvela cuales son las preocupaciones del partido del puño y la rosa; donde por ejemplo en Galicia, Touriño despilfarra cuatro millones de euros en remodelar despachos -incluído el suyo-, y una sala de prensa en la Xunta. Mobiliario de diseño y lujo asiático para que el presidente y sus conselleiros se sientan como en casa. Eso sí, con órdenes estrictas de silenciar este pequeño desbarajuste presupuestario de las reformas, hasta tal punto que incluso un policía custodia la entrada a dichas salas, impidiéndose cualquier acceso de personal no autorizado. Y es que la apertura de estas habitaciones se ha retrasado intencionalmente, ya que de trascender públicamente el abultadísimo coste de las obras podría afectar al desarrollo de las elecciones autonómicas del 1-M, toda vez que vendría a devolver al primer plano informativo el uso que Touriño y su gobierno hacen del dinero público.

Un ejemplo de gestión transparente y nítida, típicamente socialista.