La diáspora del terror

Un nombre, Nabucodonosor, y un enclave mítico, la ciudad de Babilonia, constituyen el origen de uno de los peregrinajes hacia el exilio más importantes, analizados y reconocidos de la historia universal: La diáspora judía; que se prolongó a lo largo de las centurias hasta mediados del siglo XX, en que les fue reconocida la legitimidad para la instalación en "su" tierra prometida.

Muchos otros pueblos y étnicas se vieron forzados igualmente a desplazarse por el mapa del orbe, huyendo de guerras, matanzas, genocidios y desolación como último recurso para garantizar su supervivencia, con la firme esperanza de regresar algún día a la tierra que les vio nacer.

La historia quiso que muchos españoles tuvieran que experimentar en sus propias carnes esta situación, cuando tras la guerra fratricida de 1936 miles de hombres y mujeres se vieron obligados a exiliarse por razones políticas y económicas. Lejos de su tierra y de sus ambientes de niñez, tuvieron que esperar casi siete décadas para que al fin les devolvieran sus derechos y la nacionalidad usurpada por una guerra les fuera reconocida.

Este tipo de situaciones conforman una realidad que conocemos a través de instantáneas en blanco y negro, documentos y libros de historia, pero jamás pensaríamos que por su crudeza pudieran seguir desarrollándose en nuestra sociedad actual; en una España que se rige por una normativa de estado de derecho, inscrita en un marco constitucional que reconoce la igualdad de todos los hombres y mujeres ante la ley y, que además, consagra la voluntad popular en forma de sufragio como piedra angular de todo el sistema.

Pues bien, todavía existe un lugar en nuestro país que padece y sufre los rigores de una dictadura silenciosa a la vez que mortal, que obliga a miles de personas a escapar de su tierra en busca de una oportunidad para vivir-en el estricto sentido de la palabra-, dado que su sola existencia pende de un hilo si mantiene su residencia en su pueblo o ciudad natal.

El Foro de Ermua viene denunciando desde hace años esta terrible situación a la que se ven abocados muchos vascos que ven amenazada su integridad por la barbarie irracional del terrorismo de ETA.

Este estado de excepción nacionalista al que se ven sometidos cerca de 200.000 personas, quebranta los principios básicos de los derechos fundamentales, así como la capacidad recogida en el texto constitucional de elegir libremente la residencia, circular por el territorio nacional y volver al País Vasco o permanecer fuera de él de forma libre.

Frente a ese miedo, las coacciones y los infames chantajes la única respuesta por parte del nacionalismo que gobierna Euskadi es el silencio; la misma complicidad de siempre cuando a temas de terrorismo se refiere de un gobierno peneuvista que abusa del recurso a la valeriana para justificar su inacción.

Una situación de desamparo la de estos exiliados, que posee un argumento de peso para el ejecutivo del lehendakari Ibarretxe, pues constituyen doscientos mil votos que podrían hacer variar los resultados de los comicios vascos y cambiar el inquilino del Palacio de Ajuria Enea. Así pues mientras permanezcan sin voz ni derecho a voto, el efecto amenazante que supondrían para la hegemonía del PNV en Euskadi queda disuelto, como la separación entre los intereses de ETA y el nacionalismo, que una vez más quedan unidos por los lazos de la exclusión y la intransigencia dando aliento y soporte a la diáspora del terror.