La mejor defensa es un buen ataque

Están próximos a cumplirse catorce años desde que el último gobierno socialista de D. Joan Lerma abandonara el Palau de la Generalitat Valenciana. Apeados del Consell y de las diputaciones provinciales, capitales de provincia y consistorios más relevantes, los socialistas padecen todavía hoy los rigores de unas políticas que hasta 1995 dejaron a la Comunitat en la cola de nuestro país, tras gobernar el destino de los valencianos desde 1979 y no ser capaces de liderar un proyecto sólido de desarrollo de nuestra tierra, de potenciación de la industria, la agricultura y el turismo. Una situación lastrada por la incompetencia y los reiterados errores en la gestión de un socialismo más preocupado de perpetuarse en el poder, que de velar por los intereses de una ciudadanía cansada de soportar penurias que finalmente les dio la espalda.

Durante este tiempo, la incansable maquinaria de propaganda del PSPV no ha dudado en utilizar todos los resortes a su alcance para deslegitimar y desprestigiar la árdua labor desempeñada por los diferentes gobiernos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Una labor centrada en la creación de riqueza y puestos de trabajo para cubrir las deficiencias que las políticas del puño y la rosa dejaron en nuestra región. Una tarea que se ha visto recompensada por los electores desde 1995 con tres mayorías absolutas que certifican el buen hacer y la eficiencia en la gestión del Consell por parte del PP.

Y todo ello pese a las constantes campañas de intoxicación perpetua del PSPV a la caza y captura del voto; cegados por el desasosiego y la desesperación al comprobar como el PPCV posee un programa, un proyecto y un equipo capaz de liderar a los valencianos en una idea de desarrollo, avance y potenciación de los sectores productivos y económicos, responsables de contribuir al bienestar de los ciudadanos.

Un PSPV que en connivencia con Ferraz y Zapatero mutilaron el Plan Hidrológico Nacional, derogando el trasvase del Ebro, abocando al abandono de miles de hectáreas de cultivo y al paro a esos hombres y mujeres que basan su subsistencia en el trabajo del campo, condenando a sus familias al empobrecimiento.

Un PSPV que no ha dudado en criticar abiertamente la política de grandes eventos que el Consell de Francisco Camps ha impulsado desde que fuera investido presidente en el año 2003; así proyectos que han situado a la Comunitat en el mapa universal y han asegurado el turismo y el empleo para miles de familias como la Copa América, la Ciudad de la luz, el circuíto de F-1, la Volvo Ocean Race entre otros, han sido objeto de ataque voraz por parte de las filas socialistas con el pretendido objetivo de lograr alguna rentabilidad electoral cual famélicas rémoras.

Un partido socialista que en su afán desestabilizador ha sido capaz de recurrir al Parlamento Europeo con el propósito de poner en cuestión la política urbanística de los populares, aun a riesgo de hacer peligrar miles de puestos de trabajo que dependían directamente del sector de la construcción. En este sentido, uno de los grandes logros del PSPV fue sin lugar a dudas el informe Auken que supone la puntilla a casi cuatro años de debate urbanístico en la Eurocámara que se han saldado con la aprobación de dos informes en los que se denuncian los abusos urbanísticos en España y el incumplimiento de la normativa europea de contratación pública, de la Directiva marco del agua y de la Directiva Habitat de Medio Ambiente de algunos proyectos. Todo ello dirigido supuestamente a censurar la política del Consell del Partido Popular.
Hoy sin embargo, ese mismo PSPV que ha intentado -sin éxito- situar contra las cuerdas al PPCV, recula en Europa y ante la premura de los comicios comunitarios, entona el donde dije digo diego para realizar un "llamamiento a la responsabilidad". ¿A quienes? A ellos mismos será.
La razón es bien sencilla, dado que el hecho que fuera aprobado definitivamente el mencionado informe Auken, supondría la pérdida para España de los fondos de cohesión. Y claro, esa es la guinda del pastel y la razón última de ese cambio de posicionamiento.

El problema de los eurodiputados socialistas es que intentan encontrar la paja en el ojo ajeno pero no ven la viga en el suyo propio. Tan sólo basta repasar las hemerotecas de los medios en los últimos meses para comprobar el alto porcentaje de casos de corrupción y desobediencia en cuestiones urbanísticas que salpican directamente a ayuntamientos gobernados por el PSPV en solitario o en coalición. Sólo en la provincia de Alicante saltan rápidamente los nombres de San Fulgencio y Bigastro. En el primer caso todos los ediles del PSPV acabaron en el cuartelillo y actualmente la alcaldía es dirigida por un edil adscrito a otro grupo con el que los socialistas gobernaban en coalición. En Bigastro, su alcalde ha salido recientemente de prisión bajo fianza después de estar cuatro meses entre rejas tras prevaricar durante veinticinco años en aquella localidad de la Vega Baja. La Vila, Altea, Xàbia o Dénia son otros de los nombres que están bajo sospecha tras el paso de gobiernos socialistas por sus consistorios.

Esa es la triste realidad de un socialismo valenciano que navega a la deriva, dando bandazos y palos de ciego, convencido que la mejor defensa es un buen ataque.