La otra España socialista

Un día después que nos fuera confirmada la esperada -pero no por ello menos dramática- noticia de que nuestro país inicia su caída libre por la pendiente de la recesión, se abrió de nuevo la puerta hacia la desesperanza y el temor en el viejo continente ante la más que previsible polarización de la UE en dos grupos. Partiendo de la base de la crisis que afecta en mayor o menor medida a los estados, Bruselas se plantea que de nuevo resurja el fantasma de la Europa de las dos velocidades; es decir, aquel del que tanto costó desprenderse hasta finales de los años 90, consiguiéndose integrar -no sin esfuerzo- a todos los países en el mismo vagón del desarrollo, prosperidad y consolidación de los esquemas básicos del estado del bienestar. La amenaza retorna con energías renovadas y las previsiones no son precisamente nada halagüeñas para nuestro país dado que mucho tendrían que cambiar las cosas, para que no fuéramos uno de los más firmes candidatos a integrar el grupo de los ralentizados económicamente. Grecia, Portugal, Irlanda, Bélgica o Letonia nos acompañarían en nuestro particular periplo por el cementerio de la recesión.

Pero prestando atención por un momento a nuestro país, advertimos inmediatamente como este soniquete de la doble velocidad no nos resulta tan extraño como parece; es más, si desempolvamos un poco las cifras y los datos de nuestra geografía, la realidad es más cruda de lo que a priori podríamos imaginar.

Precedentes no nos faltan y es un hecho que determinadas regiones o enclaves han sido históricamente la avanzadilla del progreso. Reconocer a Cataluña, Madrid o Euskadi como las zonas más prósperas y desarrolladas de nuestro mapa patrio es confirmar algo que resulta óbvio y fuera de toda discusión. Su trayectoría como pilares fundamentales de la economía española han sido y todavía mantienen un lugar preeminente en el conjunto de nuestro país.

Conforme avanza el tiempo la tendencia natural de todo estado es mejorar y consolidar su posición, fundamentado en un equitativo desarrollo de todas y cada una de las comunidades que conforman su razón de ser unitaria. Ejemplos claros de este despegue económico los encontramos por ejemplo en regiones como Murcia, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra o la Comunidad Valenciana que a finales de los años 90 consiguieron situarse en primera línea junto a aquellos territorios históricamente más avanzados, siendo capaces de caminar con el mismo paso firme y una actitud decidida hacia la prosperidad.

La gran paradoja económica de la España democrática la encontramos en el cuadrante sur de la península cuando nos ponemos a cotejar los datos y observamos como concretamente tres comunidades autónomas tendrán que afrontar la inminente recesión con un punto de partida muy pobre. Extremadura, Andalucía y Castilla La Mancha –tres de los feudos en los que gobiernan barones del PSOE desde hace tres décadas–, registraron en 2007 tasas de crecimiento per cápita inferiores a las de algunos ex satélites soviéticos, a pesar de que éstos se integraron recientemente en la Unión Europea de los 27 y de que estuvieron situados hasta hace poco al Este del telón de acero. En todos estos años ni el subsidio agrario, ni la estabilidad que otorga pertenecer a un país desarrollado, así como las ayudas recibidas por estar integrados en la Unión Europea desde 1986 han conseguido sacar a estas tres regiones de esta crítica situación.

El PIB extremeño por habitante fue en 2007 un 27% inferior al de la media de la Unión. Por su parte, Andalucía y Castilla La Mancha registraron crecimientos per cápita inferiores a los de la UE en un 18% y en un 17% respectivamente.

Paralelamente con estos datos hoy se ha dado a conocer la cifra de funcionarios con los que cuenta el Estado español. La friolera de tres millones de personas dedicadas a la administración que suponen un gasto anual para las arcas de 108.000 millones de euros. De este modo, para pagar las nóminas, el Estado tendrá que utilizar 33.057 millones, las autonomías 55.309 y 20.000 millones los ayuntamientos. En línea con la situación económica en comparación con otras regiones, Andalucía por ejemplo, destina un tercio de su presupuesto al pago de las nóminas de sus funcionarios.

Este cúmulo de circunstancias esclarecen aun más si cabe las cifras de nulo avance y ayudan a arrojar luz sobre una gestión socialista cuanto menos cuestionable en las baronías de Manuel Chaves, José María Barreda y Guillermo Fernández Vara.

Los datos deberían obligarnos a realizar una profunda reflexión al respecto y valorar cual es el beneficio real que aporta su mandato a los extremeños, castellano-manchegos y andaluces.